Los fiscalesen los fueros Electoral yPenal asignados solicitaron a la comuna capitalina y a instituciones estatales, elcontrol de las propagandas electorales y el uso de vehículos del Estado. Los controles se centrarán en los alrededores de los estadios de fútbol.
La fiscala Electoral de la Capital, Norma Cristaldo y el fiscal Penal asignado para casos de delitos electorales, Alberto González, remitieron varios oficios a la Intendencia de la Municipalidad de Asunción, a la Unidad Fiscal de Prevención y Seguridad Ciudadana, y a la Contraloría General de la República, para disponer el control de propagandas electorales en espacios públicos, principalmente en los alrededores de los estadios de fútbol, y el uso de vehículos del Estado en campañas políticas, respectivamente.
En ese sentido, la fiscala informó que solicitó al fiscal de Prevención, Christian Bernal dé cumplimiento a la Ley del Deporte, la cual establece la prohibición de la fijación de propagandas electorales en las inmediaciones de los recintos deportivos, en víspera de los comicios internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), del domingo 9 de diciembre próximo.
Paralelamente, la agente Cristaldo pidió al intendente Arnaldo Samaniego remita la lista de los lugares habilitados para propagandas electorales, a fin de realizar el control correspondiente. “El oficio a la Comuna fue remitido en vista a que hemos tomado conocimiento de que varios precandidatos a la Presidencia de la Nación, a Senadores y Diputados han comenzado a colocar propagandas conforme al periodo de difusión establecido dentro del Cronograma Electoral de la ANR, y en consecuencia pedimos la lista”, refirió la fiscala electoral.
Igualmente, los fiscales comprometidos con el cumplimiento de la Ley Electoral, solicitaron a la Contraloría el control permanente de los vehículos del sector público, en cuanto al uso y tenencia de los mismos en diversos horarios. También ordenaron se abra sumario en caso del uso no autorizado para proselitismo electoral durante el periodo de elecciones internas de los partidos políticos y la remisión de los rodados al Ministerio Público.
